Allanamiento a cargos Vs. Preacuerdos: ¿Es procedente la aplicación del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal para la viabilidad del allanamiento?

Acerca de los hechos, el día 22 de abril de 2021 a las 14:30 en la carrera 40 con calle 42, en el Barrio Villa Hermosa en Medellín, los señores LEBV Y CCCZ utilizaron arma cortopunzante y realizaron amenazas contra CAMV para apoderarse de un celular avaluado en $700.000COP, mercancía que tenía la víctima por valor de $268.000COP de propiedad de la empresa “C.M.”

El procesado CCCZ, se acercó a la puerta del piloto del vehículo que manejaba la víctima CAMV, mismo que prestaba servicios de transporte a la empresa “C.M.”, lo constriñó con violencia física y psicológica, lo despojó de su teléfono celular y dinero, y le indicó que atrás del vehículo se encontraba otra persona vigilándolo con un arma de fuego, siendo este el otro procesado LEBV.

Los argumentos de la Sala se dividen en tres; en primer lugar, se apartó del precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de aplicar el artículo 349 a los allanamientos: En cuanto al precedente jurisprudencial de la Corte, es un tema que no ha tenido una postura pacífica, una de las providencias más controversiales que apoyan la procedencia del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal en los allanamientos es en caso de Los Nule, que si bien la Corte lo mencionó, pero no aplicó en el caso en concreto, es decir hizo parte de la obiter dictum de la sentencia SP14496-2017, rad. 39.831 del 27 de septiembre de 2017.

Sin embargo, en los años últimos tres años la discusión en la Corte no ha sido pacifica, como se reiteró en un principio, pues ha generado discusiones entre la diferencia entre los preacuerdos y allanamiento a cargos, esto puede notarse en los salvamentos de votos de las providencias SP287-2022, rad. 55.914 de 9 febrero 2022, en el que estaban cuatro salvamentos de voto en contra de la postura de aplicar la prohibición del preacuerdo en el allanamiento, y así mismo sucedió con la sentencia SP3883-2022, rad. 55.897 del 26 octubre 2022, con tres salvamentos de voto, dos parciales.

Resulta interesante como se aparta del precedente jurisprudencial el tribunal, bajo una perspectiva garantista de los derechos del procesado, sin desconocer las intenciones de proteger también los derechos de las víctimas. Sin embargo, aun cuando hacen parte de los mecanismos de justicia premial, se comparte que el allanamiento y preacuerdo no son lo mismo.

Para un mejor entendimiento téngase de presente que, la justicia premial es un género y estas dos figuras son especies del mismo, pero con naturaleza diferente, pues el allanamiento a cargos es una voluntad unilateral, incondicional –esto entendido como que tiene que darse únicamente la aceptación pura y simple de los cargos para que proceda- y la pena la fija el juez. Por su parte, los preacuerdos la voluntad es bilateral, como todo lo que se considere un negocio que concurren dos o más voluntades, actualmente el preacuerdo tiene una clasificación –sin rebaja de pena, en su modalidad simple, con degradación de la conducta, con la eliminación de un cargo en específico, entre otros,- y los preacuerdos están sujetos a la improcedencia del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y se negocia a su vez, la pena a imponerse.

Además, cabe exaltar que, de esta providencia de forma intrínseca, invita a las víctimas a que acudan a otros mecanismos de reparación que se pueden dar en un proceso penal: el incidente de reparación integral y las herramientas que ofrece la justicia restaurativa, siendo que esta última se ha venido desarrollando en materia penal y ha si propulsada incluso por la Fiscalía General de la Nación, independiente de esto, representan también una garantía fundamental a las víctimas como intervientes del proceso penal, que no tiene que estar supeditada a la indemnización que el procesado en medio del trámite del allanamiento, le dé a la víctima.

Esta nueva postura del Tribunal de Medellín no puede verse como una simple rebeldía para apartarse de lo que dice la Corte, aunque estuvo justificada bajo el precedente de obligatoriedad relativa, pero véase también como un llamado a investigar acerca del tema de la justicia premial que en los últimos años ha sido objeto de discusión desde las altas cortes hasta la academia, por lo que sería un tema pertinente para el ejercicio investigativo del derecho.

El análisis de esta sentencia fue objeto de discusión en el Semillero de Derecho Penal y Procesal Penal “Claus Roxín” de la Universidad Libre seccional Cúcuta el día 15 de febrero de 2023, en donde vía teams estuvo el Magistrado Ponente de esta providencia, el Dr. Nelson Saray Botero, compartiendo su postura con estudiantes presentes en esa oportunidad.

¡Esperamos su opinión en los comentarios!